AMÉRICA
LATINA
Santiago del
Estero, el medioevo argentino
La provincia argentina de Santiago del Estero es emblemática
del tipo de relaciones políticas y sociales que cristalizaron
en determinadas regiones del país desde tiempos de la Organización
Nacional. Una Intervención dispuesta por el gobierno nacional
intenta acabar con la satrapía de los Juárez, que duró más
de medio siglo.
Por Raúl Dargoltz,
Oscar Gerez y Horacio Cao, co-autores de Santiago del Estero: del oprobio a la esperanza.
Ediciones Le Monde diplomatique.
Como en muchos otros casos de América Latina, la historia
de Santiago del Estero es la crónica de una utilización
exhaustiva y destructora de sus recursos naturales a través
de procesos que, para colmo de males, no son capaces de
garantizar un mínimo bienestar a su población.
Desde su fundación, el desarrollo de Santiago estuvo ligado
al complejo minero del Potosí, hacia donde enviaba textiles
que elaboraba artesanalmente. Todo cambió cuando, al inicio
de la independencia, las explotaciones argentíferas quedan
fuera del país en formación y las provincias del norte argentino,
que habían sabido ser las más dinámicas y pobladas quedaron
encajonadas y sin mercados para su producción.
La decadencia del interior queda sellada por el triunfo
de la política librecambista de Buenos Aires y la llamada
"Organización Nacional" (año 1880), que deja constituídos
dos tipos de territorios. Por un lado, un ámbito de amplia
modernización y progreso socioeconómico, posicionado sobre
la pampa húmeda. Por otro, un espacio periférico que va
quedando rezagado, en donde se fortalecen y reproducen elementos
tradicionales y semifeudales desde lo económico, social
y político.
Pero aún dentro de la periferia no todos tuvieron igual
suerte; algunas provincias lograron desarrollar, con el
apoyo del gobierno nacional, las llamadas "economías
regionales" a partir de las cuales dotaron de un cierto
dinamismo a sus sociedades. Pero Santiago del Estero tuvo
uno de los peores papeles en el reparto: se especializó
en la elaboración de durmientes para el ferrocarril a través
de un patrón productivo particularmente destructor de su
sistema ecológico.
Así, desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, los
gobiernos provinciales vendieron a precio vil (1) más de
nueve millones de hectáreas de tierras fiscales y ciento
cincuenta millones de árboles de quebracho colorado fueron
destruidos. Esta enorme riqueza natural, de cuyo producto
sólo volvían a la provincia los miserables salarios del
obraje, dejaba detrás de si campos destruidos, a los cuales
resultaba imposible fijar alguna utilidad productiva.
Pobreza social, miseria política
La lógica de un país con dos áreas diferenciadas también
tuvo su correlato en el ámbito político, en el que los procesos
de incorporación social y modernización política fueron
mucho más acotados. El peronismo, por ejemplo, que en las
zonas más avanzadas asumió el carácter de un partido laborista
similar al de cualquier sociedad industrial, en las zonas
periféricas fue movilizador y policlasista, a la manera
de los partidos populistas de las sociedades tradicionales.
En este contexto ¿Es tan difícil explicar que surgiera un
gobierno como el de Carlos Juárez, un sátrapa que gobernó
o controló la provincia durante más de medio siglo? El "juarismo"
es la expresión política construida y sostenida sobre la
base de un férreo modelo feudal, en el que el progresivo
empobrecimiento de las clases populares y el pulcro control
sobre la débil clase media provinciana, fueron sus torres
fundamentales. Todo un andamiaje monárquico sellado a fuego
con la flema autoritaria y astuta de sus hacedor, el abogado
Carlos Arturo Juárez.
Tenía 32 años cuando asumió su primer gobierno en Santiago
del Estero, en mayo de 1949, después de un año de Intervención
federal a la provincia, decretada por Juan Domingo Perón.
A partir de ese momento, ya fuera como primer mandatario
-lo fue en cinco oportunidades- o como legislador nacional
-cuatro veces senador-, nunca dejó el poder en la provincia.
Ejerció como gobernador por 16 años y 11 como senador nacional.
Dentro de la llamada "liturgia juarista", se cuenta
la designación por parte de la Legislatura provincial como
"Protector ilustre del pueblo" y los multitudinarios
actos políticos en los que su ejército de jóvenes de la
Juventus Peronista o de mujeres de la Rama Femenina utilizaban
los vehículos oficiales para acarrear gente de los barrios
de la periferia hacia el centro de la ciudad capital santiagueña.
Juárez ha hecho y deshecho a su gusto en Santiago del Estero.
Reformó reiteradamente la Constitución de la provincia según
la conveniencia de cada momento político; creó junto con
su lugarteniente Musa Azar una increíble red de espionaje
que persiguió a 40.000 personas opositoras a su gobierno;
sustentó un poder económico hegemónico que en sus primeros
gobiernos tuvo a las empresas constructoras como base y
en los últimos años a las empresas de servicio, y fomentó
entre los trabajadores la dependencia del Estado como una
forma de mantener ceñido a su puño a una amplia franja del
electorado.
"El que no vota al dotor (sic), o pierde, o nunca consigue,
un laburo (trabajo)", pregonaban por doquier los punteros
adictos. El 16 de diciembre de 1993 hubo un intento por
cambiar la historia. Una pueblada sin precedentes (que fue
dada en llamar "El santiagueñazo") quemó los edificios
de los tres poderes manejados por Juárez, además de su propio
domicilio y el de varios convidados del poder. Pero el interventor
designado por el gobierno nacional de Carlos Menem, Juan
Schiaretti, cerró hábilmente todos los caminos a una posible
renovación y la sociedad de Santiago del Estero, imposibilitada
para ejercer su libertad, al concluir la Intervención repitió
la única huella conocida: el juarismo.
Sin embargo, el obstinado mensaje liberador del obispo Gerardo
Sueldo (muerto en sospechosas circunstancias), mantuvo viva
la semilla. En 2002, el escándalo provocado por un doble
crimen de la localidad de La Dársena (en el que Musa Azar
y otros funcionarios juaristas aparecieron vinculados a
la muerte de dos jovencitas durante una orgía) y del deterioro
del gobierno de la esposa de Juárez, la iracunda Mercedes
Aragonés, terminaron por generar la Intervención Federal
de la provincia.
Los tiempos habían cambiado: el peronismo menemista había
acabado sumido en el descrédito; una pueblada había obligado
a renunciar al sucesor de Menem, Fernando de la Rúa, en
medio de una crisis financiera y económica sin precedentes
y, el nuevo presidente, Néstor Kirchner, no tuvo otro remedio
que intervenir la provincia.
La Intervención federal
La Intervención Federal llegó a la provincia gozando de
amplio crédito. Por supuesto, nadie esperaba que de un plumazo
se resolvieran desgracias centenarias, pero el desgaste
del sistema juarista y el perfil del Interventor Pablo Lanusse
(padre de familia, católico-apostólico-romano, sin pertenencia
partidaria) encajaba perfectamente con las aspiraciones
de buena parte de la sociedad provincial.
La respuesta del nuevo gobierno a estas expectativas, luego
de superar la prueba de estabilizarse en el poder (2), fue
el lanzamiento de una agenda de trabajo centrada en la reforma
de las instituciones políticas provinciales.
Alcanzar este objetivo no era un desafío menor. Se enfrentaba
a una estructura política que se había retirado intacta
y que pervivía en innumerables redes informales de soporte
y en mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos
del poder ejecutivo, en los municipios, en la prensa.
Pero antes de analizar este tema, conviene mencionar otra
batalla que se libra en Santiago del Estero por estas horas:
la porfía por desarticular la alianza entre el poder político
y el poder económico, representado emblemáticamente por
el grupo de empresas de Néstor Ick, que había sabido construir
un verdadero imperio bajo el ala del juarismo.
A poco de llegar al gobierno la Intervención Federal se
propuso desmontar la articulación parasitaria que el poder
económico construyó en su relación con el poder político.
Dicho en palabras del ministro de Salud Donato Spaccavento:
"Hay que hablar claro, con nombres y apellidos. Aquí
(Carlos) Juárez encabezó un régimen que respondió a los
sectores económicos más altos, a la concentración económica,
y nunca fue un fenómeno a favor de la gente (...) Operaban
con esta alianza entre políticos y empresarios. La plata
que venía de la Nación para atender los requerimientos más
indispensables de la población, la dejaban en un banco donde
daba intereses (...) Santiago del Estero fue empobrecida
y la mayoría de sus habitantes en el interior padecen enfermedades
propias del medioevo" (3).
Dentro de las numerosas medidas que se tomaron en este sentido,
deben destacarse algunas particularmente simbólicas. En
primer lugar, la nulidad del contrato con el Banco de Santiago
del Estero S.A, que poco después de la devaluación de 2001
había convertido las comisiones por diferentes servicios,
fijadas en 450.000 en 1995 (cuando un peso era igual a un
dólar), en "la cantidad de pesos equivalentes a 450.000
dólares mensuales", según los Decretos provinciales
Nº 55 y 87/04. Debe ser éste el primer caso de dolarización
automática de un contrato en pesos.
Otra medida a destacar es la revocatoria de las contrataciones
de seguros con la Empresas Hamburgo S.A., que esgrimió "razones
de urgencia" para realizar una contratación directa
por el periodo 1996 - 2012 (Decreto Nº 112/04). Es claro
que una vinculación que plantee semejante plazo de duración
no puede justificarse en la premura con que se requieren
de los servicios.
Por último, se resalta la reformulación de un nuevo sistema
de códigos de descuentos sobre el salario de los empleados
públicos provinciales. Para quien no vive en estas provincias,
es difícil imaginar la importancia que tienen estas operatorias,
que se basan en la asignación de créditos a cambio del descuento
automático sobre el salario. Con el nuevo régimen sólo permanecerá
vigente el sistema automático de débito para las Instituciones
sin fines de lucro - Sindicatos, Mutuales y Cooperativa
- garantizándose que el trabajador no podrán tener afectado
más del 20% de su salario bruto (Ley Nº 6.658).
En esta pelea contra el poder económico, la Intervención
Federal inaugura una línea de trabajo que deja en herencia
para el próximo gobierno batallas judiciales y políticas.
Es mucho lo que se podrá avanzar, pero la continuidad de
este proceso está indisolublemente atada al surgimiento
de un poder político de base diferente al que primaba hasta
la marzo del 2004 (4).
La pelea política
Todos los objetivos, entonces, terminan apuntando sobre
el mismo elemento: construir una nueva forma de hacer política
en la provincia. Pero aun acordando en este objetivo común,
surgieron estrategias con matices diferentes en un gabinete
de gobierno que articulaba dos tipos de funcionarios: por
un lado, un núcleo más estrechamente ligado al Interventor
Federal, de perfil juridicista y sin pasado político-partidario;
por otro cuadros políticos con amplia trayectoria en el
Partido Justicialista (PJ, peronistas).
El ajuste entre estos dos grupos fue bastante satisfactorio
hasta la salida del ministro de Justicia del Gobierno Nacional,
Gustavo Béliz, que sacó a la luz la existencia de ideas
diferentes sobre la forma en que el gobierno debía actuar
en la política provincial. En este aspecto, uno de los puntos
de mayor fricción fue el de la relación con los intendentes
y los comisionados municipales quienes, en la mayoría de
los casos, habían sido el canal por el cual se expresaba
el poder territorial del juarismo. Por un lado estaban los
que querían intervenir todos los gobiernos locales, con
el objetivo de romper los hilos en donde podía sobrevivir
o recomponerse la vieja estructura política. Por otro, los
que, a partir del mismo diagnóstico, consideraban que la
provincia tenía mil maneras de disciplinar estas estructuras,
mientras que su intervención sólo lograría que estos aparatos
políticos pasaran homogéneamente a la oposición.
Esta última fue la línea adoptada, sobre la que quedan dudas
acerca de su eficacia. No tanto respecto a la idea de intervenir
todos los municipios (apenas habían funcionarios para el
gobierno provincial y era difícil imaginar de dónde saldría
el personal de confianza para los veintisiete municipios
y el casi medio centenar de comisiones municipales), sino
en intervenciones selectivas sobre los jefes comunales más
ligados al pasado juarista. El mismo razonamiento se hacía
extensivo a la manera en que debía tratarse al PJ, que la
caída de Juárez había atomizado.
Estaban los que consideraban que había que sumar abiertamente
a aquellos dirigentes que habían sido antijuaristas o a
los que, cualquiera fuera su pasado, aceptaban cruzar el
Jordán y apoyar los procesos de cambio. Otros, proponían
una política de prescindencia: no hacer nada en particular
hacia el PJ distinto de lo que se hacía con otros partidos.
En distintos momentos, y frente a diferentes cuestiones
prevaleció una u otra línea de trabajo.
La Reforma Constitucional
El elemento central alrededor del cual giró la coyuntura
política en estos meses fue la reforma constitucional impulsada
por el Interventor. Su justificación conceptual no era difícil
de armar: existe una obvia relación entre la estructura
constitucional vigente y el carácter autoritario del régimen
político que motivó la Intervención Federal. El punto neurálgico
de la reforma estaba en una serie de disposiciones constitucionales
que reducían importancia electoral de las Ciudades de Santiago
del Estero y de La Banda -las dos jurisdicciones en donde
tenía más peso la oposición- a la vez que garantizaban un
piso de diputados a la mayoría. Con esta legislación, una
fuerza cuya principal base electoral estuviera en el interior
-como era el caso del juarismo- lobtenía el 70% de los diputados
provinciales con sólo el 35% de los votos.
Por su parte, diferentes sectores de la sociedad civil reclamaban
que la nueva Constitución prohibiera, de una vez y para
siempre, la Ley de Lemas. Es que tal instrumento estaba
fijado en la historia como la manera en que los partidos
políticos -en especial el PJ y la Unión Cívica Radical-
habían manipulado en su provecho el sistema electoral.
El llamado a Reforma Constitucional deparó una primera sorpresa
cuando el interventor del PJ, el Diputado Nacional por el
Chaco Rafael González, consideró que el interventor no tenía
potestades para convocarla. Este posicionamiento causó extrañeza
¿A qué jugaba el interventor del partido oficialista? Era
claro que para un cuadro que venía del más crudo pragmatismo
las cuestiones doctrinarias del Derecho Constitucional no
eran precisamente una prioridad.
Los allegados de González justificaron sus posiciones en
la necesidad de reunir a un justicialismo totalmente desperdigado,
lo que causó más alarma, porque si era así, el aglutinamiento
iba a ser contra el gobierno. Más sensatamente, los medios
explicaron su accionar a partir de la puja interna entre
el presidente Néstor Kirchner y el líder peronista Eduardo
Duhalde y sus múltiples derivaciones.
El propio proceso hacia la constituyente sepultó este primer
debate. Todo el espectro político, social y cultural - con
excepción del aparato del PJ y el Intendente de la Ciudad
de La Banda - se pronunció con inusitada energía por la
necesidad de la Reforma.
Más significativo aún fue que el proyecto de reforma constitucional
recibió el apoyo de los intendentes peronistas, quienes
-alineándose con el gobierno- dijeron que se trataba "de
una prioridad" y que debía realizarse "antes de
las elecciones generales a gobernador, vice, y diputados
provinciales". El proyecto de la Reforma Constitucional
recibió el explícito respaldo del presidente Néstor Kirchner
y de varios de sus ministros. Hacia julio pasado, el interventor
del justicialismo no tuvo más remedio que variar su posición
e incorporar el partido al proceso reformista.
Pero estos fueron sólo los primeros escarceos. En ocasión
del cierre de la presentación de las listas a constituyentes
volvieron a surgir tensiones de todo tipo y la lista del
peronismo se partió en dos. Por un lado, quedó la lista
oficial, con mayoría de los sectores abiertamente opositores
al gobierno. Por otro, una lista que, en nombre del kirchnerismo,
estaba hegemonizada por los intendentes -la mayoría de ellos
de reconocido pasado juarista- y contaba con la participación
de Memoria y Movilización, una agrupación ligada a Eduardo
Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
La lista disidente fue propiciada por funcionarios del ministerio
del Interior llegados a último momento y por algunos funcionarios
de la propia Intervención Federal. Los jefes comunales se
defendieron de la acusación de "traición" sosteniendo
que la iniciativa habría partido desde el propio interventor
del PJ, a quien hicieron responsable por incluir a "juaristas"
y allegados al poder económico en la lista oficial. Para
algunos fue una jugada maestra, pues aislaba al juarismo
y sus aliados y los exponía a una catastrófica derrota electoral.
Sin embargo, la operación fue criticada duramente por el
propio Lanusse, quien se mostró sorprendido por estas maniobras
(estaba en Buenos Aires en ocasión del cierre de listas),
a la vez que repitió su discurso de prescindencia electoral:
"no avalé, no avalo, ni avalaré ninguna lista".
Para enrarecer más el ambiente, todos estos hechos sucedían
cuando la justicia federal de la provincia - reiteradamente
acusada de connivencia con el juarismo - excarcelaba al
"protector ilustre" y múltiples rumores de renuncias
en el gabinete y aún del Interventor Federal recorrían los
mentideros políticos.
Un final abierto
En pocas semanas más, el próximo 31 de octubre, habrá elecciones
a Convencionales Constituyentes, un hito en la batalla por
cambiar el sistema político de la provincia. Hasta el momento,
la Intervención ha logrado sortear los embates de una oposición
constituida por el juarismo, los principales grupos económicos,
el intendente de la Ciudad de La Banda, "Chabay"
Ruiz, el diputado José Cantos -aliado de Menem en el 2003
y dueño del "Nuevo Diario" y la radio LV11- el
diputado José Figueroa -ex Secretario de Desarrollo Social
de Menem - y el senador del radicalismo José Zavalía.
Este poderoso frente, por oportunismo político o porque
añora al Santiago de las últimas décadas, recoge lo que
todavía queda del sistema político que armaron Juárez y
Musa Azar. Haberlo neutralizado hasta ahora, no da seguridades
hacia el futuro. La Intervención todavía tiene mucho por
hacer, y para ello debe conjurar los fantasmas que surgen
de una cultura política acostumbrada al clientelismo y el
favor; del escasísimo capital social, político y organizacional
que tiene la provincia para enfrentar un proceso de cambio
y de una relación con el poder central que se ha enrarecido
desde la salida de Béliz.
Notas
1 Al precio de 0,23 centavos la hectárea
se vendieron 4 millones de hectáreas, cuando el precio de
cada durmiente de quebracho que pagaba el ferrocarril inglés
era de aproximadamente de pesos 1,50.
2 A la llegada de la Intervención ocurrieron
una serie de disturbios promovidos por el juarismo, cuya
expresión más notoria fue una ola de usurpaciones de viviendas
construidas por el Estado. Fue un gran desafío para la Intervención
superar estos hechos sin recurrir a la violencia, lo que
hubiera dañado irremediablemente su perfil defensor de los
derechos humanos.
3 El Liberal, Santiago del Estero, 1 y
8-8-04.
4 En este aspecto, cabe mencionar que
son muchos los rumores y denuncias sobre dirigentes políticos
que se acercan al poder económico a pedir el financiamiento
de campañas electorales a cambio de seguridades para cuando
sean gobierno...
Fuente: Portal Rebelión
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