Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador

Derechos de las Personas con Discapacidad
Alicia Astudillo / Patricia Mena / María Fernanda Nieto / Diana Ordóñez / Nancy Yánez / Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Retardo Mental, FASINARM
AAJ / UNESCO / ILDIS

Antecedentes

El 13,2% de ecuatorianos presenta alguna discapacidad. La cifra aceptada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud es del 10%, pero en Ecuador es más alta debido a factores asociados con la extrema pobreza: desnutrición crónica (que alcanza a un 55% de niños entre 0-5 años), falta de vacunación (a la que accede solo el 33% de los niños), enfermedades infecto-contagiosas, embarazos continuos y falta de control prenatal, entre otros.

Esta situación podría agravarse en el futuro si se consideran las actuales condiciones socio-económicas del país, el crecimiento poblacional, las inadecuadas medidas de prevención de la población en riesgo (la cual se calcula aproximadamente en un 70% de los niños menores de 5 años) y la falta de sistemas de detección e intervención oportunas.

Para el año 2.000 existirán 53 millones de personas con discapacidad en América Latina, y en Ecuador, cerca de 1'500.000, y no se vislumbran acciones gubernamentales que pudiesen responder a esta dramática realidad. Sin embargo, no atender la problemática de la discapacidad supone, entre otras situaciones:

• Alterar el normal desarrollo de una familia.
• Reducir la capacidad productiva de sus miembros, disminuyendo el número de trabajadores activos, lo cual incide en el financiamiento de los sistemas de prestaciones sociales (tomando en cuenta a los familiares próximos de las personas con discapacidades, un 25% de la población se ve imposibilitada de lograr la plena realización de sus aptitudes).
• Provocar la desigualdad socio-económica.
• Conducir a la dependencia total de la persona con discapacidad de su familia.
• Disminuir las posibilidades de ampliar sus oportunidades de educación, formación y empleo
• Provocar un creciente rechazo social.
• Propiciar el desarrollo del proceso que convierte a una deficiencia en discapacidad y a ésta en minusvalía.
• Aumentar las barreras sociales obstaculizando la participación plena de todos los individuos dentro de la comunidad.

El problema se agudiza debido al escaso número de instituciones existentes, el cual resulta todavía insignificante para dar atención a la población que los requiere. Entre las instituciones públicas y las del sector privado se logra dar atención solo al 2% de la población que lo necesita.

Cobertura de servicios

En 1997, solo el 4% de los niños con discapacidades en edad escolar asistía a algún tipo de establecimiento educativo, es decir aproximadamente 12.000 niños. Sin embargo, en esta cifra están contempladas las discapacidades leves y de aprendizaje, las cuales en muchas ocasiones no son motivo de una atención en un centro especial.

Con respecto a la educación integrada o inclusiva (término actualizado para referirse a la inserción de niños con discapacidades en el sistema educativo regular), son pocas las acciones que se han realizado en el Ecuador por parte de escuelas públicas y privadas para recibir a niños con discapacidades de tipo sensorial, motor o mental. Más bien, la inclusión ha estado dirigida a niños con discapacidades específicas de aprendizaje (dificultades en lectura, matemáticas). Explicaciones posibles para este hecho podrían ser las siguientes:

• Existe todavía una comprensión básica tradicional, que considera el proceso educativo regular como un asunto unidimensional, -el profesor desarrolla todas las acciones de planificación, atención, control, etcétera- por lo cual se asegura el grado de homogeneidad máximo dentro de un grupo de alumnos.

• Las escuelas públicas regulares en los sectores urbano marginales y rurales son aún escuelas unidocentes, en las cuales un profesor debe hacerse cargo de todos los grados.

• La gran mayoría de maestros laboran en condiciones mínimamente aceptables en relación a infraestructura, equipamiento, aplicación de metodologías actualizadas, entre otras, así como con muy pocos conocimientos sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de esta población.

Estas declaraciones se ven evidenciadas de la siguiente forma: el 9% de los alumnos que asisten a escuelas regulares urbanas, completa la primaria después de haber repetido tres o más veces un grado (a nivel nacional la tasa de repetición es del 3% en sexto grado hasta el 29% en primer grado); en el campo donde reside el 42% de la población ecuatoriana, el 51% de los niños que ingresa a la escuela no termina la educación primaria, situación que le cuesta al Estado miles de dólares anualmente.

Por otro lado, la situación se empeora por la carencia de programas de prevención y detección temprana de niños de alto riesgo, que los priva de obtener una asistencia oportuna.

De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Retardo Mental, FASINARM, en 1990, el Ecuador requería de aproximadamente 20.074 profesionales para brindar atención al 12,8% de la población con discapacidad que lo necesitaba. Actualmente, considerados en conjunto el sector público y privado, no se alcanza a cubrir ni el 10% de los recursos humanos necesarios para esta tarea. La situación, por demás desoladora, se dificulta aún más por el hecho de que la mayoría de los recursos disponibles están concentrados en las ciudades más importantes del país, dejando desprovistos de los mismos a los sectores rurales (hay provincias donde no hay ningún tipo de servicio, por ejemplo en Galápagos y regiones del Oriente).

Para el año 2.000, si no se desarrollan programas de prevención, las proyecciones indican que existirán 730.000 niños y jóvenes con discapacidades y que se requerirá de 48.500 maestros para brindarles atención. Datos del Ministerio de Educación señalaban en 1997 la existencia de solo 1.200 profesionales especializados.

Por otro lado, no existe una política coherente respecto al criterio que se debe seguir para la capacitación de personal especializado, lo cual resulta en una dispersión de esfuerzos y recursos.

Dos hechos importantes dificultan la situación:

• Muchos de los profesionales del sector -pedagogos terapeutas, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, entre otros- no están reconocidos como docentes ni escalafonados como tales en el Ministerio de Educación, lo cual lleva a que muchos de ellos estén subempleados, ya que las instituciones educativas públicas no pueden contratarlos oficialmente.

• A pesar del compromiso asumido por el Ecuador, en el marco de varias reuniones internacionales, de incorporar y retener a toda la población escolar, los Institutos Pedagógicos Superiores de Formación Docente incluyen en su pensum académico muy pocas horas para el aprendizaje de los futuros maestros en el tema de la discapacidad -prevención, detección, atención o referencia oportuna a centros especializados-, lo que influye significativamente en la falta, tanto de cobertura como de oportunidades para la inclusión de los niños con discapacidades en el circuito regular educativo, manteniéndose los centros de educación especial como la alternativa menos restrictiva posible para su atención.

Financiamiento

A nivel de financiamiento, el sector privado financia su operación con muchas dificultades, con aportes de los propios padres de familia; donaciones eventuales; becas que la industria, comercio y banca otorgan a los alumnos de escasos recursos; actividades tales como colectas y rifas; venta de servicios de asesoría técnica; comercialización de productos propios; asignaciones complementarias de los ministerios de Educación y Bienestar como la concesión de nombramientos fiscales primarios para el personal que labora en los programas, y anteriormente, del Congreso Nacional, el cual, a través de partidas asignadas por los Diputados, apoyaba a las instituciones en la adquisición de bienes e inmuebles.

También existen las Becas que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorga a hijos de afiliados hasta 18 años que tengan alguna discapacidad (por un monto equivalente al 60% del salario mínimo vital), oportunidad que se ha visto limitada en los últimos años por los recortes presupuestarios sufridos por ese organismo y su redefinición consecuente de políticas.

Plan Operativo de Acción 1999 - 2003

Operativización de las acciones

Hasta 1992 no existía en el país un organismo rector de las políticas respecto a los programas para personas con discapacidades que actuase a nivel interministerial, por lo cual se hacía notoria la falta de coordinación, coherencia y sistematización entre los mismos.

El 10 de agosto de 1992 se promulgó la "Ley sobre Discapacidades", la cual señala como órgano responsable de su cumplimiento y de la emisión de políticas y coordinación de actividades entre los sectores público y privado al Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. A la fecha, el CONADIS ha elaborado y legalizado el Reglamento a la Ley sobre Discapacidades, y actualmente -con la colaboración de varios ONG's- ha presentado ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma a esta Ley y a su Reglamento, en el cual se presentan interesantes y positivas propuestas.

Es importante señalar, sin embargo, que aunque en este nuevo proyecto, el Artículo 32 establece la protección de derechos de las personas con discapacidad, no existen claras disposiciones sobre la figura legal ante quien demandar el derecho de amparo consagrado en la Constitución Política de la República del Ecuador.

No obstante, organismos internacionales han señalado la necesidad de incorporar los derechos de las personas con discapacidades, de forma de contar con más elementos que permitan el establecimiento de sanciones para quienes atenten contra los mismos. El Parlamento Europeo, por ejemplo, en su Resolución del 9 de mayo de 1996, aprobó los derechos de las persona con discapacidad, los cuales han sido expresados por jóvenes con Síndrome de Down y se detallan a continuación:

• Derecho a los servicios de educación, vivienda, asistencia y ayuda asequibles y adecuados.
• Derecho a vivir integrados en la sociedad.
• Derecho a no sufrir miedo, amenazas ni malos tratos.
• Derecho al principio de igualdad de trato de hombres y mujeres.
• Derecho a que se ofrezca a sus padres la posibilidad de cuidarlos y criarlos.
• Derecho a estar correctamente asistidos y acompañados en su tiempo libre.
• Derecho a no ser arrancados de su entorno cuando alcancen una edad avanzada.
• Derecho a la formación continua, a la enseñanza profesional y a un puesto de trabajo adecuado a su deficiencia.
• Derecho a estar representados y participar en la medida de lo posible en las decisiones que afecten a su futuro.
• Derecho a vivir independientemente.

Si entendemos el derecho como señalan algunos expertos en la materia, cual reglas de convivencia social que responden generalmente a valores compartidos socialmente en algunos casos, y en otros, a valores que buscan ser establecidos en una comunidad, uno de los enfoques prioritarios en cualquier plan de acción que se establezca a nivel nacional, debe contemplar el desarrollo de una posición crítica de toda la sociedad frente a la problemática.

El tema de la discapacidad a nivel mundial ha sido tratado en convenciones internacionales en capítulo aparte. La UNESCO en 1966 empezó tímidamente pero fue un hito decisivo para el programa de 1981 en el que se concretó con la proclamación del Año Internacional de las Personas con Discapacidad y con el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. En la década de los 80 el tema se convirtió en una parte significativa del programa de educación. Hace algunos años, en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (Jommtien, 1990), se considera el tema de la inclusión. LA UNESCO en cuanto a la educación más adecuada para los niños con necesidades especiales dice: "Creemos y sostenemos que (...) las escuelas comunes orientadas a la inclusión constituye la vía más efectiva para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos (...)". Continúa afirmando: "Apelamos a todos los gobiernos urgiéndolos a (...) adoptar en sus leyes y políticas el principio de la educación inclusiva, la matriculación de todos los niños en las escuelas comunes". Sin embargo, este tema no aparece en ninguna de las Reformas Curriculares a pesar de que el 13, 2% de la población nacional presenta algún tipo de discapacidad, la situación se torna alarmante cuando el la Cumbre Andina efectuada en Guayaquil en noviembre de 1995, un personero del Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, anunció que el 34% de la población infanto-juvenil sufre algún tipo de discapacidad, correspondiéndole a la discapacidad intelectual el mayor porcentaje.

Si bien la reorganización del sistema escolar requiere tiempo, es urgente el incorporar este tema en la agenda de la reforma educativa. Siendo dos tópicos a abordarse:

• Planeamiento y política.
• Formación docente.

Cara a la Reforma sería saludable analizar también el analfabetismo. A nivel de escuelas regulares es una queja angustiosa -y no poco frecuente-: "mi hijo no aprende", es un grito que cae en al vacío pues son casi inexistentes en el país los servicios especializados en procesar el problema de los trastornos del aprendizaje en los escolares. Los maestros, en su mayoría, no están enterados en detectar estos problemas y cuando se dan cuenta del mal rendimiento de un niño no tienen a quién consultar.

Sería conveniente un profesional de la medicina en el equipo formador, pues el psicólogo - cuando hay- procede a realizar pruebas psicométricas y podría inclusive llegar a sugerir la visita a un neurólogo.

No creemos que se trate de implementar nuevos programas de alfabetización, sino de utilizar las estructuras educativas existentes y dotarlas adecuadamente para viabilizar sus procesos, para que cumplan su cometido fundamental propendiendo a una sociedad en la que los prejuicios y la discriminación se desanraícen para que todos los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de compartir juventud y educación.

Además de lo señalado, es necesario:

• El establecimiento de un continuum de servicios educativos alternativos que respondan a las necesidades individuales de niños y jóvenes con discapacidad y que abarquen desde su inclusión en clases regulares hasta la instrucción asistida en caso de hospitalización.

• El establecimiento de mecanismos de exigibilidad para el cumplimiento de leyes y reglamentos educativos con respecto a la marginación y rechazo de los niños y jóvenes, debido a su discapacidad.

• La creación de incentivos para las ONG's que desarrollen programas para aquellas personas con discapacidad para las cuales la institución educativa no constituya el medio menos restrictivo para su desarrollo.

• El desarrollo de estándares de calidad educativa que garanticen la excelencia docente y una adecuada infraestructura para responder a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
  
  

Para tener acceso a servicios y programas de fomento y atención de la salud, se requiere realizar las siguientes acciones:

• Ampliación y desconcentración del sistema de atención materno-infantil.

• Difusión sistemática sobre la prevención de factores causales de discapacidad.

• Impulso a programas comunitarios y alternativos de prevención de deficiencias, discapacidades y minusvalías.

• Incorporación en la cultura del pueblo de la práctica cotidiana de fomento y prevención de la salud.
  
  

Para que las personas con discapacidad puedan contar con un trabajo, con las menos restricciones posible, es necesario llevar adelante las siguientes acciones:

• Ejecución de una campaña revalorizando el rol social de las personas con discapacidad, a partir del reconocimiento de sus potenciales y capacidades laborales.

• Fortalecimiento y diversificación de los servicios de formación empresarial respondiendo a las necesidades ocupacionales del país.

• Desarrollo de una política solidaria estableciendo regulaciones de los organismos gubernamentales y no gubernamentales que permita el acceso a un porcentaje de la población con discapacidad, a diversos tipos de cargo, oficios o puestos.
  
  

El acceso al mercado laboral productivo de las personas con discapacidad, sería viable:

• Organizando Ferias Artesanales permanentes en todo el país.

• Coordinando las Ferias Artesanales de las personas con discapacidad para el diseño y realización con:

- El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS.
- El Ministerio de Bienestar Social.
- El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.
- El Ministerio de Turismo.
- La Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador.
- La Federación Nacional de Personas Ciegas del Ecuador.
- La Federación Nacional de Ecuatorianos con Limitación Física del Ecuador.
- La Federación Ecuatoriana Pro-atención a la Persona con Deficiencia Mental, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down.
- La Fundación de Asistencia Microempresarial.
- Las ONG's vinculadas con personas con discapacidad.

• También la instalación de Kioscos Artesanales en sitios turísticos, permitiría el acceso al mercado laboral productivo de estas personas con discapacidad
  
  

Otra forma en que las personas con discapacidad, puedan tener acceso al mercado laboral es:

• Organizando las microempresas.

• Fundando las PyMES de las personas con discapacidades.

• Desarrollando el crédito, la capacitación y la asistencia técnica para la producción del sector.

• Manteniendo "asocio" con organismos Gubernamentales y no Gubernamentales para el diseño y desarrollo de Programas de Capacitación de las personas con discapacidad; Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ONG's, Fundación de Asistencia Microempresarial, FAMIC, entre otras.
  
  

Para que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos de ciudadanía y participar de una vida social tan normal como sea posible, es necesario:

• El establecimiento de disposiciones, y medidas básicas y complementarias, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios sociales, recreativos y de transportación que oferta la comunidad a todos los ciudadanos.

• El desarrollo de un programa de ampliación de la capacidad del país para ofrecer las ayudas técnicas e instrumentales que requieran las personas con discapacidad para incorporarse a la vida comunitaria y cotidiana familiar, social y laboral.

• El establecimiento y ampliación de acuerdos de trabajo mutuo con los medios de comunicación para que sus programaciones sean accesibles a las personas con discapacidad.

• La creación de programas alternativos para el acceso al deporte, cultura y arte, a través de la participación de entes seccionales de apoyo.

• La ampliación de la participación de los movimientos asociativos (ONG's, voluntariado, padres, personas con discapacidad) en la toma de decisiones que los afecten.
  
  

Para una real protección social, económica y jurídica de las personas con discapacidad, es necesario la ejecución de las siguientes acciones:

• Disposición de la información necesaria a las personas con discapacidad sobre sus derechos y deberes, y cómo hacer uso de los mismos.

• Incorporación de mecanismos de exigibilidad de derechos, en todos los servicios que se ofertan a las personas con discapacidad.

• Estudio y actualización de los temas jurídicos de garantía de derechos de las personas con discapacidad, incorporados al campo jurídico que ampara a todo ciudadano.

• Establecimiento de un sistema de seguridad de vida (vivienda, salud, educación, trabajo) para las personas con discapacidad en situación de riesgo de abandono familiar.

• Creación de una figura legal, tipo "Defensor del Pueblo", a la que los ciudadanos con discapacidad puedan referirse en casos de discriminación o rechazo.
  
  

1. Filosofía

El principal objetivo de esta acción es hacer un llamado a la reflexión sobre el tema de las discapacidades y de la actitud personal que cada individuo tiene frente a las personas con discapacidad para que ésta se torne más positiva y no exista discriminación ni rechazo hacia ellos.

El segundo aspecto que debe ser considerado es la "Prevención" de discapacidades que se encamina a:

• Reducir y evitar los factores que generen deficiencias.

• Evitar que las deficiencias produzcan discapacidades.

• Prevenir que las discapacidades se transformen en minusvalías.

El último eslabón en esta campaña es la "Integración" de las personas con discapacidad en la sociedad y en las distintas áreas de trabajo. Permitiendo que accedan a la educación, cultura, salud, trabajo, vivienda, medio físico, transporte, recreación, información, comunicación, deporte, a través de medidas como las siguientes:

• Sensibilización y concienciación de la sociedad y la familia sobre las discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

• Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales.

• Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así como, otras modalidades de trabajo: talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etcétera.

• Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los trabajadores que adquieran la discapacidad como producto de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector público como privado.

• Establecimiento de estímulos tributarios y no tributarios a empresas que contraten a las personas con discapacidad.

• Concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación.

• Concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, asistencia técnica y provisión de ayudas técnicas, a través de los organismos públicos y privados responsables de las áreas indicadas.

• Impulso a los servicios necesarios para la dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas, que suplan o compensen las deficiencias.

• Fomento, cooperación y apoyo a las actividades culturales, deportivas y recreacionales de las personas con discapacidad, a través de programas de integración y otros específicos.

2. Universo

La Campaña estará dirigida a todos los ecuatorianos, de todas las edades y de los distintos niveles socio económicos, tanto de las zonas urbanas como rurales, pretendiendo la integración de las personas con discapacidad en toda la sociedad, como también una actitud positiva y favorable hacia ellos.

Dado que nuestro grupo objetivo es una muestra bastante extensa, diseñaremos un mensaje cuya forma clara y sencilla sea fácilmente entendida.

Queremos una comunicación objetiva, que tenga un tono cálido porque el tema que tocaremos es muy delicado, y cada palabra puesta está encaminada a conseguir nuestra meta principal para las personas con discapacidad: "Igualdad, no lástima, ni compasión".

3. Actividades específicas

Trabajo investigativo para conocer las necesidades de concienciación y de sensibilización, de prevención y de integración que tiene la sociedad ecuatoriana, para lo cual utilizaremos los siguientes instrumentos de recolección de datos: observación de campo, encuesta, entrevista, otros.

Previo a los resultados obtenidos se realizará un plan de trabajo tomando en cuenta las necesidades de cada colectivo:

Esta Campaña será transmitida por los medios de comunicación y los espacios que cuenta el Estado, se pedirá apoyo al Ministerio de Educación.

El Comité de Defensa por los Derechos Humanos de las personas con discapacidad estará integrado por los siguientes miembros:

• El Presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador o su delegado.

• El Presidente de la Federación Nacional de Personas Ciegas del Ecuador o su delegado.

• El Presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Limitación Física del Ecuador o su delegado.

• El Presidente de la Federación Ecuatoriana Pro-atención a la Persona con Deficiencia Mental, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down o su delegado.

• Representantes de la Asociación de ONG's vinculadas con personas con discapacidad o su delegado.

• Un jurista que se halle vinculado al campo de la protección social y laboral.

• Un representante de los padres de familia de las personas con discapacidad.

Duración de los miembros del Comité:

Permanecerán en sus funciones durante 2 años calendario, tiempo en el cual supervisarán y regularán las actividades de las organizaciones que amparen a toda persona con discapacidad.

Alternarán la presidencia del Comité de manera rotativa entre los miembros que pertenecen al mismo.

Sede del Comité

Se realizará las reuniones alternadamente en cada institución, procurando que sean de representación nacional.

Funciones del Comité:

• Receptar y canalizar en forma adecuada cualquier denuncia sobre discriminación, maltrato y violación de los derechos humanos que representen un riesgo o atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad.

• Vigilar que se establezcan responsabilidades administrativas, civiles y penales a quienes ocasionen amenazas en el ejercicio de los derechos y beneficios de la ley.

• Facilitar el acceso a orientaciones jurídicas para el cabal cumplimiento de la ley.

• Coordinar y orientar si es posible sobre el adecuado manejo de las actividades y fondos económicos de las personas jurídicas vinculadas a las instituciones o personas con discapacidad.

• Fomento, cooperación, prevención y apoyo a todo tipo de actividad mediante programas de integración.

• Representar legal y formalmente a todas las personas con discapacidad ante cualquier estamento que lo requiera.
  
  

Universo

Este servicio esta orientado para personas con discapacidad, familia, comunidad y profesionales involucrados en el trabajo social. Antes de iniciar con la capacitación se realizará una investigación de campo para conocer las necesidades de aprendizaje que tengan los anteriormente citados.

Actividades

Programas de intervención psicopedagógica para personas con discapacidad física, mental, visual, auditiva, adaptativa, familia, comunidad y profesionales en los siguientes niveles:

• Detección oportuna y referencia adecuada.

• Intervención temprana.

• Rehabilitación funcional, psicopedagógica institucional y comunitaria.

• Educación regular, especial o integrada a través de sus diferentes modalidades.

• Formación profesional, capacitación ocupacional, inserción y reinserción laboral.

• Formación, capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos en prevención de discapacidades, atención e integración de las personas con discapacidad.

• Asistencia social para las personas con discapacidad que se encuentren abandonadas, huérfanas o en extrema pobreza.

• Todo este programa de capacitación se hará en base a un adecuado diagnóstico, equiparación de oportunidades y rehabilitación, coordinadamente con un equipo multidisciplinario y las terapias de apoyo necesarios en cada caso.

La capacitación se realizará en los siguientes niveles:

• Familia y Comunidad.
• Profesionales.

Capacitación para la familia y la comunidad

En este nivel, el objetivo principal de la capacitación será el de brindar apoyo y conocimientos a los padres de familia y comunidad en general. Fortaleciendo las campañas de Concientización y Sensibilización.

Capacitación para profesionales

El Programa pretende optimizar la calidad del recurso humano inmerso en el campo de las discapacidades, en orden a una mejor respuesta de éste a los retos actuales y futuros que conlleve la mejora continua de la calidad de atención al usuario. Como objetivos inseparables del anterior estarían la sensibilización de personas e instituciones sobre la importancia y funcionalidad de la capacitación, la creación de redes de comunicación capacitante entre instituciones y personas y la mejora continua de los procesos internos de funcionamiento en las instituciones del área de las discapacidades.

Se establecen políticas como las siguientes:

• Interacción constante con los organismos rectores de las políticas en el campo de las discapacidades, en orden a servir siempre al destinatario final: las personas con discapacidad.

• Establecimiento de una relación estable de servicio con los clientes institucionales e individuales.

• Promoción de las opciones de capacitación del recurso humano nacional.

• Desarrollo paralelo de programas de documentación, asesoramiento e investigación con aprovechamiento de las sinergías que se den entre estos programas y el de capacitación.

• Servir de antena y transmisor del avance de conocimientos que se produzca en el país y a nivel internacional.

• Construcción de equipos estables de capacitadores.

• Los temas que se ofrecerán a los profesionales serán a partir de las propias necesidades de ellos y por áreas. Basándonos en conocimientos teóricos y prácticos actualizados y adaptados a nuestra realidad social y cultural.
  
  

El Estado apoyará la conformación de la red de centros de consulta médica para garantizar un control sistemático y ofrezcan servicios profilácticos, así como asistencia médica oportuna en todo el país, que contribuirá a reducir el nivel de casos y facilite el diagnóstico precoz, colaborando en campañas de prevención a nivel nacional.

La cobertura de atención y servicios sería sin limite de edad, priorizando los problemas con personal especializado e itinerante.

El Estado a través de sus dependencias de salud, hospitales generales, hospitales especializados, dispensarios anexos, centros de salud, y comunitarios, creará un Departamento especial de Información para personas con discapacidad, brindando atención oportuna y permanente, en donde tengan estadísticas, actualización de datos, registros de las personas con discapacidad, etcétera.

Además el CONADIS deberá tener una base de datos actualizada, que servirá de base para la información que deseen las personas que trabajan con discapacitados.

El Estado, desde el punto de vista de la eficiencia, insertará progresivamente la atención oportuna y permanente en los centros de atención a personas con discapacidad y capacitará al personal médico y pro-médico, con énfasis a generalizar y mejorar la atención.

La Atención será gratuita a personas con discapacidad, en forma obligatoria en los servicios de Salud Pública y propenderá a establecer mecanismos de atención en los servicios privado, previa evaluación socioeconómica.

Para la evaluación, seguimiento y ajuste de este Plan Operativo, se deberá organizar una Comisión permanente de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual estará integrada paritaria y descentralizadamente, por representantes del Estado y la sociedad civil involucrada en este plan.

La Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad deberá coordinar sus acciones con los restantes integrantes del Plan Operativo de Derechos Humanos; elaborar los cronogramas de actividades respectivos, así como los indicadores de financiamiento y gastos, y los indicadores de resultados, entre otros.

Además, para el primer trimestre del año 2002, esta Comisión deberá preparar un documento que resuma las acciones en marcha y/o concluidas del Plan Operativo de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este documento deberá formar parte del Plan Nacional de Derechos Humanos. Resultados 2003, que los actores involucrados, tanto del Estado y la sociedad civil, deberán dar a conocer al país.

© Asociación Americana de Juristas, AAJ - Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Tercera edición enero 2000. ISBN 9978-94-014-2 Plan Operativo de Derechos Humanos. Derechos de autor: 013063

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