Sin lugar a dudas, una situación de guerra afecta no solamente a la población civil de las partes contendientes, sino que muchas veces afecta a la población civil de origen distinto, pues bien, lo que siempre debe tenerse en cuenta es que la población civil, por definición, es una parte indefensa, en inferioridad de condiciones con respecto a los combatientes y que no juega un papel dentro del conflicto, a no ser el de víctimas del mismo.
En una situación de conflicto armando no todos los derechos están anulados, derogados o suspendidos, existe un mínimo de derechos que deben ser respetados; el argumento adquiere, cuando se habla de la población civil, una razón más para exigir el respeto de sus derechos civiles y políticos, de las libertades públicas, de los derechos económicos sociales y culturales: la indefensión de la población civil y su no intervención como parte de las fuerzas en conflicto.
Hay un hecho incuestionable: en la guerra actual no se puede separar claramente la población civil de los combatientes, reservando para aquellos artificialmente, a través de las normas del Derecho Internacional Humanitario una serie de derechos intangibles. La realidad ha desbordado totalmente este planteamiento. Hoy la población civil y no la militar es la que en su mayoría y en una proporción de nueve a uno, paga las consecuencias de la guerra. Incluso se está utilizando la represión, la violencia y la destrucción contra la población civil como instrumento de guerra.
Por otra parte, la irracionalidad y la enorme fuerza destructora de la guerra actual -en virtud de la alta tecnología a ella aplicada- hacen en múltiples ocasiones que las normas de Derecho Humanitario resulten puro papel mojado.
Debe tenerse en cuenta además que no existe un sistema internacional adecuado, con suficiente fuerza coactiva para impedir todos los atropellos y tropelías que tradicionalmente y sistemáticamente ejercen los ejércitos contra la población civil. Hay que quitar la fuerza a la irracionalidad para dársela a la racionalidad.