F. Contenido

• Derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra él (artículo 14. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6. 1 del Convenio de Roma y artículo 8. 1 del Pacto de San José).

La causa ha de ser vista y la sentencia ha de pronunciarse públicamente (artículo 14. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6. 1 del Convenio de Roma y artículo 8. 5 del Pacto de San José). El derecho a la publicidad del juicio implica que el juicio sea conocido más allá del círculo de los presentes en el mismo, pudiendo tener una proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de medios de comunicación social que pueden acceder a la sala sin necesidad de acreditación. Los ciudadanos también pueden asistir al juicio si se dispone de espacio en la sala.
La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.
La sentencia penal será pública, salvo que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
El principio de publicidad tiene una doble finalidad:
• Proteger a las partes de una justicia substraída al control público.
• Mantener la confianza de la comunidad en los tribunales.
• La causa ha de ser vista equitativamente, es decir, cada parte en el proceso debe tener la posibilidad de defender sus argumentos. Ha de haber un equilibrio entre la acusación y la defensa.
• Derecho a ser considerado inocente mientras no exista sentencia firme de condena (Artículo 26 de la declaración Universal de Derechos humanos, artículo 14. 2, artículo 6. 2 del Convenio de Roma y artículo 8.2 del Pacto de San José).
• Este derecho limita la potestad legislativa y condiciona la interpretación de las mismas leyes. En el plano procesal implica:
• El acusado tiene derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo.
• Toda condena debe ir precedida de una actividad probatoria.
• Las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de la condena han de ser suficientemente sólidas y legítimas.
• La prueba de culpabilidad incumbe al ministerio público, a los acusadores.
• No existe nunca carga del acusado sobre la prueba de la inocencia con la no participación en los hechos.
• La duda juega en favor del acusado.
• Derecho a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él (artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.3 del Convenio de Roma y artículo 8.2 del Pacto de San José).
• Derecho a disponer del tiempo y facilidades necesarias para la preparación de su defensa (artículo 14. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, artículo 6.3 del Convenio de Roma y artículo 8.2 del Pacto de San José).
• Derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas (artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.1 del Convenio de Roma y artículo 8.1 del Pacto de San José).

El carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta fundamentalmente "la complejidad de cada asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto ha sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales" (6)
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no puede traducirse en la denegación a un litigante de la admisión de los recursos a que tenga derecho. Las dilaciones indebidas pueden ser originadas por defectos de la estructura de la organización judicial.
• Derecho a estar presente en el proceso (artículo 14. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.)
• Derecho a defenderse por sí mismo o con asistencia de un abogado (artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.3 del Convenio de Roma y artículo 8.2 del Pacto de San José). El acusado puede elegir libremente abogado si él lo retribuye. Si se beneficia del turno de oficio, se le impone un abogado determinado. Cuando el acusado no dispone de recursos suficientes para pagar a su abogado, tiene derecho a que se le nombre defensor de oficio. Tiene derecho a comunicarse con su abogado.
• Derecho a convocar o mandar convocar a testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo (artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.3 del Convenio de Roma y artículo 8.2 del Pacto de San José). El juez puede negarse a oír a un testigo cuya deposición no contribuya al establecimiento de los hechos. El acusado puede interrogar o mandar interrogar los testigos de cargo y de descargo.
• Derecho de toda persona que no hable o no entienda el idioma empleado en el juzgado o tribunal a ser asistida gratuitamente por un intérprete sin que se le exija posteriormente el pago de los gastos de dicha asistencia (artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 16.3 del Convenio de Roma y artículo 8.2 del Pacto de San José). La garantía se extiende a la traducción e interpretación de todos los actos del proceso entablado contra el acusado.
• Derecho a no declarar contra sí mismo ni declararse culpable (artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.3 del Pacto de San José).
• Derecho a recurrir la sentencia condenatoria ante un tribunal superior (artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
• Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme (artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.4 del Pacto de San José).
• Los derechos del acusado se ejercen en el seno de un procedimiento criminal lo cual les convierte, en gran medida, en garantías de los derechos humanos. Los hemos recogido, no obstante, conscientes de su carácter de garantías -cuyo estudio se desarrolla en otro lugar de esta obra-, pues desde el punto de vista subjetivo del acusado son pretensiones legítimas amparadas por el Derecho y, por tanto, derechos subjetivos.
• La vulneración de los derechos humanos a la hora de conseguir pruebas para un proceso supone la invalidez de las pruebas y es una garantía más para el proceso.
• El juez puede privar de libertad provisionalmente al detenido en las circunstancias previstas por la ley (artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La prisión provisional es fruto del conflicto entre el deber estatal de perseguir los delitos y el deber estatal de asegurar la libertad de los ciudadanos. En principio, sólo puede ser privado de libertad el condenado por una sentencia firme, en aplicación del principio de la presunción de inocencia, pero la necesidad de asegurar la responsabilidad penal empuja a los ordenamientos a regular la prisión provisional mientras se celebra el juicio o se espera su vista. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad puede ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
• Los sujetos a prisión provisional han de estar separados de los condenados (artículo 10. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).